E-Book, Spanisch, Band 2, 220 Seiten
Reihe: Política educativa
López Rupérez La gobernanza de los sistemas educativos
1. Auflage 2021
ISBN: 978-84-277-2837-0
Verlag: Narcea Ediciones
Format: EPUB
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
Fundamentos y orientaciones
E-Book, Spanisch, Band 2, 220 Seiten
Reihe: Política educativa
ISBN: 978-84-277-2837-0
Verlag: Narcea Ediciones
Format: EPUB
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FRANCISCO LÓPEZ RUPÉREZ. Es Doctor en Ciencias Físicas y Catedrático de Instituto. Dispone de una amplia y variada experiencia en los ámbitos de la investigación, de la práctica y de la política educativa. En la actualidad es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela.
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1. Introducción
En las sociedades modernas los sistemas educativos se han constituido en componentes esenciales de los sistemas sociales y económicos, y mantienen con estos relaciones altamente complejas, con múltiples y diversos vínculos de influencia recíproca y de interacción. Estas relaciones conciernen a ámbitos diferentes —personal, familiar, social, laboral, político y económico— y a tiempos distintos, como corresponde a las diferentes etapas educativas, a la perspectiva de la educación a lo largo de la vida (lifelong learning) (López Rupérez, 2012a) o, incluso, a una visión más dilatada que se proyecta sobre una escala histórica de los tiempos.
Por tal motivo, las finalidades de los sistemas educativos y las exigencias, de todo orden, que de ellas se derivan se ven afectadas por esa misma complejidad que alude a una realidad articulada, en el plano conceptual, en niveles, con numerosas conexiones entre ellos y en su seno (Levy-Leblond, 1991). En este sentido, las finalidades de la educación pueden alcanzar cuatro ámbitos diferenciables, aunque interdependientes: el personal, el social, el económico y el político.
En el ámbito personal, la educación ha de orientarse, necesariamente, no solo a instruir a los sujetos en formación, sino también a dotarles de un bagaje de valores y de experiencias que les permita desenvolverse con una autonomía intelectual y con una capacidad moral necesarias en contextos tan inciertos, tan ambiguos y tan volátiles —en definitiva, tan complejos— como son aquéllos a los que, con toda probabilidad, habrán de enfrentarse a lo largo de su vida. Para ello, se hace imprescindible el logro de una apropiación suficiente de la herencia cultural —en los planos intelectual y moral—, el desarrollo de amplios marcos de referencia y de respeto por los hechos, así como la adquisición de habilidades para manejar el conocimiento, para el uso del espíritu crítico y del pensamiento claro.
En el ámbito social, la importancia de las finalidades relativas a la equidad y a la cohesión social es ampliamente compartida por gobiernos y organismos multilaterales con competencias en educación, y ha sido asumida, como un patrimonio común, por grupos políticos de diferente signo. Con el fin de arrojar luz sobre el significado actualizado de la noción de cohesión social, que concierne directamente a la educación del siglo xxi, merece la pena traer a colación la caracterización que efectúa Manca (2014) del concepto, y que refleja un consenso amplio al respecto:
La cohesión social se refiere a la extensión en la que se produce la conexión y la solidaridad entre grupos en una sociedad. Identifica dos dimensiones principales: el sentido de pertenencia de una comunidad y las relaciones entre sus miembros. Se deriva de un esfuerzo democrático por establecer equilibrio social, dinamismo económico e identidad nacional con el propósito de crear un sistema de equidad, de sostener los impulsos de un crecimiento económico incontrolado y evitar fracturas sociales (p. 261).
Junto a ello la globalización, en su componente favorecedora de la movilidad de las personas y de su asentamiento temporal, o permanente, en países distintos a los de origen, ha favorecido la multiculturalidad y trasladado a la educación la finalidad de enseñar a las nuevas generaciones a vivir juntos (Delors et al., 1996), a aceptar la coexistencia de diferentes culturas, a desarrollar los valores del pluralismo y de la tolerancia (Sartori, 2001) y, a un tiempo, a preservar —particularmente en los países occidentales— aquella matriz moral que conforma su tradición y que contribuye, por ello, a forjar su propia identidad (Haidt, 2019; Bellamy, 2018).
Sin perjuicio de esta orientación esencial de la educación, de naturaleza humanista, estamos ante una institución social directamente concernida por el conocimiento, dado que es la responsable de transmitir de una generación a la siguiente, de forma organizada y sistemática, el conocimiento básico y consolidado. Pero eso sucede, justamente, en una sociedad que ha hecho del conocimiento una nueva materia prima. Iniciada ya la “cuarta revolución industrial” (Shwab, 2016), las finalidades de los sistemas de educación y formación alcanzan, como nunca antes, al mundo económico y del empleo.
Como hemos señalado en otro lugar (López Rupérez, et al., 2015), existe un amplio consenso sobre los beneficios económicos asociados a la mejora de los sistemas de educación y de formación. Así, el capital humano incrementa la productividad laboral, en forma de valor añadido por trabajador, aumenta la capacidad para desarrollar o aprovechar innovaciones tecnológicas, afecta positivamente a la competitividad de un país y a su balanza de bienes y servicios, atrae inversores multinacionales y retiene e incrementa la mano de obra cualificada (pp. 56-58). Algo similar cabe decir de sus efectos observados sobre la reducción del paro, el aumento del empleo o el incremento del nivel salarial de los empleados (pp. 61-68). Probablemente todos estos efectos puedan explicar los resultados que, en el plano macro, han sido calculados por prestigiosos economistas de la educación en términos de impacto sobre el crecimiento en el largo plazo del PIB de diferentes países, asociado con la mejora de la calidad de sus sistemas educativos (Hanushek et al., 2007a; 2010; 2019; Ochoa Castellano et al., 2018).
Por todas estas razones, las finalidades de carácter económico de los sistemas educativos están habitualmente presentes —ya sea de forma explicita o tácita— en el conjunto de finalidades de los sistemas educativos; y son, además, necesarias y legitimas siempre y cuando no se consideren como únicas o descontextualizadas con respecto a sus relaciones con las propias del progreso personal y social.
En último término, existen finalidades de la educación que conciernen al ámbito político —de la polis— y que se refieren al desarrollo del espíritu cívico, al fortalecimiento de la democracia y a su estabilidad. En este nivel vienen a converger, de un modo u otro, todas las anteriores, pues sin el logro de las finalidades centradas en el estudiante como persona será difícil beneficiarse de los positivos efectos del espíritu cívico y del capital social (Putman, 2011; OECD, 2001a); ni disponer de las ventajas individuales y colectivas de una democracia madura. Y sin el acierto en aquellas otras de naturaleza social y económica, las democracias serán o altamente costosas, o muy inestables, lo cual terminará comprometiendo su viabilidad.
En este ecosistema de finalidades propio de la educación, se advierte una convergencia histórica de objetivos, o de necesidades, que resulta cada vez más clara, conforme avanzamos en el siglo xxi. En primer lugar, se aprecia una convergencia entre las competencias que precisa la sociedad del conocimiento y las que precisa la economía del conocimiento. Con el comienzo del presente siglo, los gobiernos de los países desarrollados se vienen preguntando sobre cuáles son las competencias requeridas por la economía y por la sociedad del conocimiento, y de qué manera sus sistemas de educación y formación pueden asegurarlas. No obstante, y aun cuando en las postrimerías del siglo xx las coincidencias en la visión sobre qué competencias resultaban verdaderamente determinantes eran tan solo incipientes (Putman, 2011; OECD, 2001a), se ha ido abriendo paso al respecto, de un modo progresivo, un cierto consenso no solo político sino también social.
Así, por ejemplo, los empresarios han ido ajustando sus posiciones, en el sentido de asignar a las llamadas soft skills una importancia cada vez mayor, desde la óptica de la empleabilidad (Kairamo et al., 1989; BIAC, 2016). Es claro que las competencias cognitivas generales facilitan la adaptabilidad de los recursos humanos y mejoran la disposición personal ante un horizonte laboral de aprendizaje permanente, pero crece en el mundo empresarial la importancia atribuida a habilidades tales como la capacidad para el trabajo en equipo, la asunción de los valores de la autoconfianza, del esfuerzo, de la perseverancia y la disciplina personal, del espíritu emprendedor, y, en general, de las llamadas habilidades no cognitivas (Kautz et al., 2014).
Un informe de The Business and Industry Advisory Committee (BIAC) ante la OCDE ha destacado que el 85 % de los empleadores, que respondieron a su estudio anual sobre educación y competencias, situaron las actitudes y el carácter de los jóvenes entre los factores más importantes a considerar cuando les reclutan, tras concluir sus etapas formativas. Algunos los situaron incluso por delante de los resultados académicos (31 %) y de las cualificaciones obtenidas (39 %) (BIAC, 2016).
Frente a los modelos que establecían una...