Historia, ¿para qué?

2. Auflage 2023
ISBN: 978-607-03-1272-4
Verlag: Siglo XXI Editores México
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark

E-Book, Spanisch, 323 Seiten

Reihe: Historia

Publicado originalmente en 1980, Historia, ¿para qué? se ha convertido en un clásico sobre el quehacer de la historia pensado desde México con alcance universal. Los acercamientos que ofrecieron no sólo historiadores, sino también filósofos, politólogos e intelectuales de diversa índole y variados registros enriquecieron con su mirada aguda la comprensión del lector acerca de los fundamentos de esta disciplina y plantearon la necesidad de repensar críticamente el discurso historiográfico hasta entonces poco cuestionado. Con un tono que combina desafío y goce intelectuales, los autores horadan el monolito de la historia oficial a partir del análisis de la relación entre discurso y poder político y académico. Por ejemplo, destacan los planteamientos de Guillermo Bonfil Batalla sobre la inexistencia de las historias de los pueblos indios de México, hasta entonces borradas por la historia oficial; la invitación de Carlos Monsiváis para, desde la historia, fortalecer y ampliar la conciencia colectiva y así resistir a fenómenos como la corrupción; el recordatorio de José Joaquín Blanco que defiende que en el acto de historiar hay algo de material rebelde; y la reflexión de Héctor Aguilar Camín que nos confirma que 'la sabiduría histórica se impone a las colectividades como saber útil y necesario en épocas de sacudimiento y malos agüeros, de incertidumbre o cambios de destino'. Las propuestas de todos los textos aquí presentados no han perdido vigencia y son un referente para nuevas generaciones de historiadores.

Alejandra Moreno Toscano (1940). Historiadora. Reorganizó el Archivo General de la Nación, del que fue su primera directora. Carlos Pereyra Boldrini (1940 1988). Filósofo, analista político, militante de izquierda y profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Luis Villoro Toranzo (1922-2014). Filósofo emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional. Luis González y González (1925-2003). Historiador y académico. Fundador de una corriente de la microhistoria en México. Fue miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Historia. José Joaquín Blanco (1951). Ensayista, poeta, narrador y dramaturgo. Investigador del INAH. Estudió Lengua y Literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Enrique Florescano (1937-2023). Historiador. Investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Arnaldo Córdova (1937-2014). Politólogo, jurista, académico y político de Izquierda. Fue profesor en la FCPyS de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la misma universidad. Héctor Aguilar Camín (1946). Historiador, analista político y escritor de narrativa. Carlos Monsiváis (1936-2010). Escritor de crónica y ensayo literario, cultural, social y político. Adolfo Gilly (1928-2023). Historiador, latinoamericanista, politólogo y académico. Profesor emérito de la FCPyS de la UNAM. Guillermo Bonfil Batalla (1935-1991). Etnólogo, antropólogo y escritor. Fue investigador y director del INAH, y fundador del Museo Nacional de Culturas Populares.

Leseproben

Una sociedad es lo que recuerda

Alejandra Moreno Toscano

Cuando un libro colectivo se sigue publicando 42 años después de su primera edición, se muestra el prolongado interés por su contenido de tres generaciones de lectores. Es un lapso que muestra también los muchos cambios vividos en el país: el Archivo General de la Nación (AGN) pasó de ser dependencia administrativa de la Secretaría de Gobernación a ente público, no sectorizado, bajo la Ley General de Archivos.

Escribí la “advertencia” en la edición de 1980 de Historia, ¿para qué?; escribo ahora esta nota preliminar a su nueva edición para recordar, desde mi perspectiva, por qué se escribió.

Recuerdo las indicaciones que recibí de don Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación: “por ningún motivo suspenderá la consulta al público. Los especialistas que consultan documentos no pueden interrumpir sus investigaciones; el Ramo de Tierras es un archivo vivo y los representantes de comunidades indígenas o los ejidatarios que lo consultan vienen de muy lejos como para encontrar que está cerrado. La remodelación de Lecumberri se hará conforme a lo programado; el traslado se realizará cuando se instale la LI Legislatura del Congreso de la Unión en San Lázaro.” Don Jesús acababa de nombrarme directora general del AGN y entendí que tenía dos años para cumplir la tarea.

En realidad yo venía de un mundo menos presionado por el corto plazo. El Colegio de México había publicado mi ensayo sobre Geografía económica de México: siglo XVI y la Universidad de Puebla, un estudio sobre El Sector Externo y la organización espacial y regional de México (1521-1910), escrito con Enrique Florescano. Había entregado un ensayo sobre “las clases trabajadoras en el periodo 1810-1850” para la colección coordinada por Pablo González Casanova en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde nos reuníamos con un buen grupo de profesores que colaboraban con regularidad en la revista Punto Crítico.

El año de 1977 era de efervescencia electoral. En la UNAM se debatían temas novedosos, con visión de futuro, como vincular la reforma política con la cuestión social y laboral, suprimir prácticas semicorporativas y militancias automáticas, regular que los sindicatos se organizaran con independencia de las empresas (privadas y públicas) y abrir espacios legales a fuerzas políticas que actuaban al margen del sistema, en franca clandestinidad.

El candidato de la oposición, Valentín Campa, convocaba a mítines, muy concurridos, en lugares simbólicos del 68, a pesar de que la ley electoral establecía que los votos que recibiera serían considerados nulos. José López Portillo, el candidato del PRI, asumió la presidencia en diciembre de 1976 y convocó a una “tregua para recuperar serenidad y no perder el rumbo”. El secretario de Gobernación, en su calidad de presidente de la Comisión Federal Electoral, invitó a universitarios y académicos a presentar ponencias y contribuir con ideas para reformar la política. Luis Villoro y Carlos Pereyra leyeron textos en los que por primera vez se distinguió el derecho a opinar como garantía individual y el derecho social a la información como garantía de pluralismo ideológico. En esas audiencias se demandó también expedir una Ley de Amnistía para los presos, procesados y perseguidos por motivos políticos. Cuando la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales fue aprobada por los diputados, tres nuevos partidos entraron a la escena pública: el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Demócrata Mexicano. Además se estableció la representación proporcional.

Para que los 400 nuevos diputados tuvieran un recinto donde debatir las nuevas ideas, el gobierno anunció un gran Programa de Desarrollo Urbano con tres componentes: reconducción de ríos para crear un drenaje convergente profundo, reutilizar construcciones históricas en la Candelaria de los Patos, la Magdalena Mixhuca y Lecumberri, y construir el Palacio Legislativo en San Lázaro, como emblema de la modernización urbanística y política.

Aquí retomo el hilo de Historia, ¿para qué? El Archivo General de la Nación formaba parte de los nuevos recintos. La “mudanza de los tiempos” había abierto la posibilidad de transformar una antigua prisión penitenciaria en un espacio donde se conservaría la memoria histórica de la palabra y de la libertad de pensamiento. El conjunto edilicio reuniría las colecciones documentales de la Secretaría del Virreinato resguardadas en salones del Patio de Guardias de Palacio Nacional; la colección de impresos amontonada en el Templo de Guadalupe, en Tacubaya, conocido como la Casa Amarilla; los expedientes relativos al Departamento Central y asuntos de policía federal en la ciudad de México, custodiados en La Ciudadela, y los volúmenes catalogados que ocupaban el Antiguo Palacio de Comunicaciones en Tacuba 8.

Más aún: en el contexto de la reforma política, explicó don Jesús, “el archivo será de la nación si guarda papeles de todas las corrientes políticas pues una sociedad es lo que recuerda”. Por lo mismo, me pedía acompañar a las personalidades más diversas a recorrer el edificio en proceso de remodelación para mostrarles en dónde se colocarían los “archivos incorporados”, los papeles que no tenían origen gubernamental pero se referían a hechos significativos de la historia de México o a personalidades relevantes de su cultura.

Así, fueron incorporados, entre otros, papeles de Genovevo de la O y del Cuartel General de Emiliano Zapata, papeles relacionados con Francisco Villa cuando era Doroteo Arango, papeles del Sindicato de Ferrocarrileros, la correspondencia personal de Carlos Chávez —director de Bellas Artes y de la Sinfónica Nacional—, los negativos y contactos fotográficos de los hermanos Mayo y una excepcional colección de fotografías, grabados y sellos de agua reunida por don Felipe Teixidor.

Recuerdo el día en que Reyes Heroles me llamó para decirme: “Van en camino dos compañeros que llegaron de Juchitán.” Eran Leopoldo de Gyves y Francisco Toledo. Entregaron cuadernos impresos de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo, la célebre COCEI. La conversación terminó con el compromiso de publicar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos traducida al náhuatl. Ellos invitarían a Luis Reyes García, lingüista, nahuatlato de Amatlán de los Reyes, Veracruz, a supervisar la traducción. Por entonces, Luis Reyes andaba recorriendo los pueblos de Michoacán para formar como defensores de derechos individuales y derechos colectivos de los pueblos a jóvenes de comunidades indígenas no castellanizadas. El tema central del reacomodo de lo legal, lo legítimo y las formas de gobernanza se había desatado con la reforma política.

López Portillo se había propuesto, desde tiempo atrás, dar un nuevo orden y una nueva articulación al sector público y transformarlo en instrumento de conducción del desarrollo económico y social. Uno de los logros más difundidos de la reforma administrativa fue reunir en una sola unidad central la Coordinación de Estudios de la Presidencia de la República —“el triángulo de la eficiencia”—, evaluar los problemas genéricos de la administración y coordinar el gasto y la función de programación y presupuesto.

Por esos años, Alejandro Carrillo Castro tuvo a su cargo la sectorización de la administración pública. A él lo conocía desde la preparatoria, pues coincidimos en San Ildefonso, donde estudiaron también Adolfo Orive de Alba, Gustavo Carvajal Moreno y Carlos Monsiváis. En 1977 y 1978, Carrillo Castro, desde la Coordinación Administrativa de Presidencia, apoyó realizar encuentros de intercambio técnico y científico con expertos franceses en archivonomía —Jean Favier entre ellos—, donde discutimos problemas específicos de “aplicación del principio de procedencia” en la ordenación archivística. Esa colaboración contribuyó a diseñar un “esquema metodológico congruente” de la evolución del Poder Ejecutivo en México desde el establecimiento de la Secretaría del Virreinato, en 1790, hasta la creación del Archivo General, en 1823. Aplicando esa metodología reordenamos los fondos del Protomedicato, de Inquisición y de Aduanas. La lección aprendida: daba mejor resultado analizar la relación jurídico-administrativa de las instituciones públicas formativas del Estado como “mapa de navegación”, siguiendo el recorrido histórico de la manera como se ejerció el principio de autoridad, en vez de describirla por bloques, como genealogía de regímenes políticos interrumpidos por revoluciones.

Escribo esta nota con la distancia del tiempo transcurrido y la distancia tecnológica que nos dan también los cambios en los medios de comunicación. Lo que entonces causaba preocupación hoy a nadie sorprendería. Era un simple hecho de la política que lo discutido en San Lázaro repercutiera en Lecumberri. Pongo un ejemplo.

En una ocasión, diputados de la comisión de vigilancia de la construcción de San Lázaro comentaron la idea de cubrir con una gran cúpula la plaza de ingreso al conjunto legislativo. El debate mediático revivió la polémica “de los historiadores” sostenida por Edmundo O’Gorman, Eduardo Blanquel, Jorge Alberto Manrique y el arquitecto Flavio Salamanca cuando resistieron la demolición de la antigua penitenciaría ante la propuesta de dar cabida a un jardín botánico. Publicamos por esas fechas el libro de Jeremy Bentham: Le Panoptique (1780), explicación del modelo...