Francés / Llorca / Gavaldá La televisión de la crisis ante el abismo digital

1. Auflage 2014
ISBN: 978-84-9784-810-7
Verlag: Gedisa Editorial
Format: EPUB
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Spanisch, 496 Seiten

Reihe: Comunicación

Este libro recoge una selección de textos de las conferencias, ponencias y comunicaciones presentadas en las diferentes sesiones de las VI Jornadas en Contenidos Audiovisuales para la Televisión Digital (CONTD) celebradas en Valencia el mayo pasado. En esta ocasión se analizan las consecuencias que está teniendo la profunda crisis económica y financiera sobre un ámbito que se ha mostrado especialmente vulnerable, como es el sector audiovisual. Las televisiones tendrán que adaptarse a esta nueva situación, en donde Internet tiene que ser un aliado de las cadenas y no un competidor. Probablemente la crisis ha propiciado la aparición y consolidación de nuevas fórmulas de financiación y cómo contar las mismas historias de siempre pero de forma diferente. El valor de la creatividad, los contenidos audiovisuales a través de la red y la emergencia de las redes sociales o los dispositivos móviles, son aspectos a considerar en el nuevo paradigma de la producción audiovisual para la multidifusión digital.

Autoren/Hrsg.

Francés, Miquel

Llorca, Germán

Gavaldá, Josep

Peris, Àlvar

Leseproben

Prólogo El caso español: mutación ideológica de modelos En abril de 2012, el Diario Oficial de la UE publicó una resolución solemne del Parlamento Europeo que proclamaba el papel fundamental «de un sistema dual europeo realmente equilibrado en radio y televisión» (DUE, 3-4-2012. 2012/C99 E/11). En esta decisión, basada en un texto anterior de la comisión de cultura y comunicación, y respaldada por una amplísima mayoría de parlamentarios (522 votos a favor contra 22 votos, y 62 abstenciones), la sede de la soberanía democrática de la Unión reafirma la necesidad de «un servicio público de radiodifusión independiente, fuerte y vivo, que se adapte a las demandas de la Era Digital»; y señala la prioridad de los Estados miembros de apoyar la independencia, las misiones y la financiación de este servicio público, y su compromiso con estos criterios europeos. Para ello recuerda el carácter imprescindible de una «financiación apropiada, proporcionada y estable»; y recomienda que los directivos y consejeros sean nombrados «sobre la base de su competencia y conocimiento del sector de los medios de comunicación», y que la supervisión sea realizada por «reguladores independientes». El asunto tiene una profunda significación en el marco de la Unión Europea en la que nos integramos porque el servicio público está reconocido oficialmente en los tratados y la Constitución europea, desde el Protocolo de Amsterdam de 1989, con múltiples pronunciamientos oficiales posteriores de la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Europa. Todos ellos recalcan la trascendencia del servicio público para las «necesidades sociales, culturales y democráticas» de nuestros países, y exigen una financiación suficiente para cumplir sus misiones, incluyendo su papel esencial en la Sociedad de la Información para todos y su función de dinamizador de un nuevo modelo económico. Pero la decisión citada del Parlamento Europeo no puede ser considerada una más de sus numerosas reafirmaciones en este sentido desde hace más de veinte años —como del Consejo de Europa y de la misma Comisión de Bruselas—, porque, aparte del valor de su reciente adopción, contiene advertencias inusitadas y tajantes, ajustadas a los tiempos actuales: «Demanda a los Estados miembros que pongan fin a las injerencias políticas en lo tocante a los contenidos ofrecidos por las organizaciones de servicio público». Ciertamente, esta declaración llegó en coincidencia con diversas amenazas a la independencia y la sostenibilidad del servicio público en varios países del antiguo «socialismo real» del Centro y Este de Europa, con tendencias autoritarias crecientes, y en países rescatados financieramente como Portugal y Grecia. Pero también coincidió con las primeras y trascendentales reformas del PP, recién llegado al gobierno de España a finales de 2011: los puntos esenciales de esta declaración parecen en efecto aplicarse punto por punto —pero en sentido negativo— a las medidas audiovisuales de los primeros meses del gobierno de Mariano Rajoy, profundizadas después en muchos casos. La «herencia» audiovisual del gobierno Zapatero La base inevitable para analizar las decisiones del gobierno del PP sobre la televisión ha de ser necesariamente la «herencia recibida» del gobierno socialista anterior y su huella audiovisual. Además, la «televisión de la crisis» está a caballo de ambos ejecutivos, tanto en el sentido literal (crisis económica con sus recortes financieros) como en el figurado: contrarreforma político-ideológica so pretexto de la crisis. En primer lugar, hay que destacar la reforma de la Corporación RTVE de 2006, que puede considerarse histórica en España, porque homologaba por fin el servicio público estatal de radiotelevisión con el modelo occidental europeo, tanto en autonomía editorial, cortando los lazos de dependencia gubernamental, como en la mayoritaria financiación pública y en la definición de las misiones de servicio público. Sus jalones esenciales fueron la elección por consenso (dos tercios del Parlamento) del presidente y del Consejo de Administración de la Corporación, y la independencia consiguiente de los informativos, blindada por un Estatuto de la Información y un Consejo de Informativos; pero también el mandato marco a nueve años que definía las tareas de servicio público; la reglamentación del derecho de acceso reconocido en la Constitución (artículo 20); y la transparencia de una financiación suficiente y mayoritariamente garantizada por el Estado (con absorción de la deuda histórica acumulada). Pero, como hemos destacado en otros textos (Bustamante, 2013), es importante mencionar en este balance los aspectos negativos de sus reformas, incluso parcialmente desde la primera legislatura del gobierno socialista: frente a la propuesta del Informe del Consejo para la Reforma de 2005 de elegir al director general mediante un concurso público y abierto, el grupo parlamentario socialista prefirió la proposición de los grupos parlamentarios; frente a su recomendación de un Consejo de Administración de 8 miembros, propuestos por el Congreso y el Senado (y apoyados por la mitad de los grupos parlamentarios en cada caso), el Consejo Audiovisual y los sindicatos más representativos, el gobierno e incluso los grupos minoritarios prefirieron que se eligieran 10 de los 12 miembros por cuotas de partidos (aunque se aceptó la presencia de dos representantes de los sindicatos mayoritarios que rompía la dinámica partidista). Además, el ERE indiscriminado de más de 4.000 trabajadores privó al servicio público de buena parte de sus mejores profesionales por criterios irracionales de edad; y las leyes del Audiovisual y del Consejo Audiovisual quedaron paralizadas, dejando la reforma inconclusa y coja en aspectos claves del sistema. Sin embargo, se mantiene nominalmente la ilusión del gran eslogan del gobierno Zapatero, basado en el ensanchamiento del pluralismo de oferta que, más allá de la propia RTVE y las promesas de extensión de la reforma a los canales autonómicos (en la práctica sólo adoptada parcialmente por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales [CCMA], por la andaluza Canal Sur y la Televisión del Principado de Asturias [TPA]), se fundamentaba en la apertura forzada de dos canales nuevos «progresistas», Cuatro y La Sexta, cuyo relativo ascenso de audiencias prometía un cambio en el mapa televisivo comercial. En la segunda legislatura (la décima de la democracia), ese gran lema se deteriora a ritmo rápido: primero, por la dudosa reforma financiera de 2010 de RTVE, que eliminaba la publicidad haciendo depender al servicio público de las «tasas» privadas, en lo que se interpretó unánimemente como una cesión vergonzante al lobby de la televisión privada negociada por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega; pero además, ese mismo decreto-ley (Ley 8/2009, BOE 31-8-2009) llenaba de exigencias al servicio público mientras congelaba sus presupuestos, debilitando así financieramente a RTVE, cuyo contrato-programa quedó sin consumar. Se añadió pronto la inestabilidad institucional generada tras la dimisión del presidente Alberto Oliart (julio de 2011). Aun con todo, la desgubernamentalización conseguida, inédita en tres décadas de democracia, vino refrendada por los españoles con el liderazgo general de TVE y la primacía permanente de audiencias de sus informativos. Tan grave o más que esa contrarreforma en el polo público fue la realizada paralelamente en el campo privado, iniciada fuertemente con el llamado «decreto-pro-concentración» que permitía las fusiones entre concesionarios al elevar el listón permitido hasta un 27% del share medio, tres cadenas de ámbito estatal y ocho programas (Ley 7/2009, BOE de 4-7-2009); como se preveía entonces, se abrió paso así a la absorción por las dos grandes cadenas clásicas de los nuevos canales, rápidamente realizada entre Telecinco y Cuatro y pronto negociada entre Antena 3 y La Sexta. La destrucción temprana de esos logros de pluralismo, sin el menor reconocimiento autocrítico de su fracaso por parte del gobierno y la consolidación agigantada del duopolio anterior (1990-2005), se reforzaron además con la drástica rebaja de exigencias de interés general a los concesionarios privados que supuso la Ley General del Audiovisual de 2010: alargamiento y prórroga automática de las concesiones, desregulación especialmente de la publicidad comercial hasta límites insólitos en la regulación española y en toda la UE con el pretexto de aplicar la última directiva de Servicios Audiovisuales (especialmente en la publicidad indirecta y en el tiempo de «telepromociones»), disminución de obligaciones respecto al cine y la producción audiovisual (incluyendo la ficción serial en las inversiones exigidas)… La paralización de la creación del CEMA (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales), prevista en esa ley pero boicoteada por el grupo parlamentario del PP y olvidado en sus prioridades por el gobierno, completaba ese vuelco a favor del polo privado. No se puede dejar de citar, finalmente, el embrollo jurídico generado por estos Gobiernos socialistas en la transición a la TDT, presentada oficialmente como modélica pero duramente cuestionada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2012 con una sentencia que cuestiona la adjudicación por el Consejo de Ministros de nueve licencias de canales privados sin concurso previo ni condiciones objetivas, como obligaba la propia Ley General Audiovisual. Si añadimos la necesidad planteada a corto plazo de una nueva migración de frecuencias para maximizar el dividendo digital y ganar espacio para la telefonía...